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La autoridad de los oficiales del gobierno en los puertos de entrada es diferente con respecto a la que tienen en otros lugares del país.
Esto es debido a que, al querer ingresar a los Estados Unidos, al pasar por un puerto de entrada – un área designada de ingreso al país, como puertos marítimos, aeropuertos y cruces terrestres – las personas se están presentando ante el gobierno de los Estados Unidos para ser inspeccionadas y analizadas.
Como resultado, interactuar con los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en alguno de estos lugares, no es lo mismo que con un oficial de policía cuando detiene a alguien en la vía pública. La diferencia se debe en parte a la autoridad legal otorgada a los oficiales de policía de frontera, que les permite en la frontera, parar, detener y revisar a cualquier persona u objeto, con o sin causa probable.
La autoridad legal única de la frontera ha tomado notoriedad luego de la investigación de NBC San Diego sobre oficiales de CBP que mantenían una base de datos con nombres de defensores, abogados y periodistas que trabajaron o cubrieron la caída de la caravana de migrantes. De esta base de datos, los oficiales tenían carpetas con información de algunos individuos, llamaron a otros aparte para ser interrogados durante intentos de cruzar la frontera y también emitieron alertas de seguridad sobre otros.
Este no es el primer caso que llama la atención sobre los límites de la autoridad de esta fuerza de seguridad especial. El Sindicato de Libertades Civiles de Los Estados Unidos (ACLU: American Civil Liberties Union) demandaron el gobierno sobre la autoridad de este cuerpo sobre los objetos electrónicos y si las personas pueden o no tomar fotografías y grabar en zonas de paso que están a la vista del público.
“Es un hecho que una persona que está tratando de ingresar a los Estados Unidos tiene menos derechos que alguien que ya se encuentra dentro del país” comenta la profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas en Austin, Bárbara Hines.
A partir de la primicia de NBC San Diego, la Oficina de Inspección General del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security´s Office of the Inspector General) anunció que estaba investigando si efectivamente los oficiales de CBP se habían extralimitado en sus derechos. La oficina dijo que han abierto una investigación para “asegurar que se respeten y apliquen todas las prácticas y políticas adecuadas”.
Pero el director del Centro de Estudios Interamericanos y de Frontera de la Universidad de Texas de El Paso, Josiah Heyman, dice que es momento para tener un debate público sobre los cuáles deberían ser los límites de la autoridad del gobierno en los puertos de entrada. “Nada de esto ha sido realmente resuelto y pienso que es importante que nosotros tengamos un debate serio sobre cuán indefenso está uno frente al poder del estado en las fronteras”.
Mientras la fuerza de ley tiene más poder en la frontera que en el resto del país, este no llega tan lejos, especialmente si usted es un ciudadano norteamericano. Todavía existen muchas zonas grises sobre lo que sucede en los puertos de entrada, por lo que explicaremos lo que pueden o no hacer los oficiales de protección fronteriza, qué derechos tienen las personas mientras cruzan la frontera y qué todavía no está claro.
Cómo funciona la autoridad de CBP en la frontera
Los oficiales de protección fronteriza tienen un amplio poder sobre las 100 millas de zona fronteriza.
Los oficiales CBP pueden inspeccionar a cualquier persona, sus pertenencias o vehículo que esté intentando ingresar al país. Ellos también pueden interrogar a las personas sobre su ciudadanía o estado inmigratorio y pedirles la documentación que acredite que tienen permiso para ingresar a los Estados Unidos. En los puertos de entrada, los oficiales no necesitan de una orden judicial o de una sospecha razonable para realizar esta acción.
Lo primero que se encuentra una persona en un puerto de entrada es la inspección primaria, donde uno camina o maneja hasta un oficia, presenta lsu documentación, como un pasaporte, tarjeta SENTRI, “green card” o la visa.
Según Heyman, muchas cosas pasan antes y durante este encuentro.
Al presentarse una persona en la frontera, ella se está poniendo a disposición para ser revisada, haciendo de esto una revisión sin sospecha previa, comenta Heyman.
En el caso de los puertos de entrada más grandes y sofisticados como el de San Ysidro, se recaba información antes de que uno llegue al oficial. La tecnología recoge datos fotografiando rostros o leyendo las matrículas de los automóviles y comparte esta información con los inspectores. Algunas veces los viajeros escanean sus documentos antes de llegar al oficial, dándole tiempo al mismo para revisar la información sobre las personas antes de hacer alguna pregunta.
Las bases de datos de la CBP señalan los registros criminales, órdenes judiciales y otros temas. Estas señalizaciones pueden llevar a más preguntas.
Para asegurar que la señalización en la base de datos es certera y no hay abusos, la CBP dice que sigue “procedimientos estándares al ingresar la información en las bases de datos de las agencias de seguridad, que luego es revisada por los supervisores y así se aseguran cumplir con todas las políticas y procedimientos”. Aunque ha habido instancias de abuso en el pasado, como en el caso donde un oficial colocó una alerta de seguridad falsa sobre un hombre inocente.
La información en las bases de datos no es la única razón que puede llevar a una inspección secundaria. Los inspectores evalúan el lenguaje corporal y las razones por las cuales están ingresando al país para determinar si las explicaciones son sospechosas.
“El oficial mira a esta persona como una caricatura social” me comentó en agosto Heyman. “Si encaja en el perfil sospechoso, dudarán. Esto es una parte, luego a otro nivel, evaluarán el lenguaje corporal. ¿Parece tenso? ¿Está apretando los dientes?
Los oficiales también sacan al azar de la fila a cierto porcentaje de viajeros para hacerles una inspección secundaria.
Los oficiales CBP tienen que mantener el flujo de las personas pasando por los puertos de entrada mientras tratan de encontrar a quienes quieren traficar personas o drogas o quienes pueden ser una amenaza para la seguridad nacional. Su autoridad cuenta con mucha discreción.
A pesar de esto, los oficiales no pueden enviar a inspección secundaria o revisar a las personas solo por su religión, raza, país de origen, género, origen étnico o creencias políticas.
Los oficiales CBP tienen la misma autoridad para realizar revisaciones sin necesidad de órdenes judiciales tanto en las inspecciones primarias como en las secundarias, le explica un vocero de la agencia a Voice of San Diego. La autoridad finaliza cuando CBP determina que es necesario un procedimiento más invasivo, como la revisación de las cavidades del cuerpo. Para este tipo de procedimientos, el oficial CBP debe sospechar que la persona está involucrada en alguna actividad ilegal.
Ex oficiales del Departamento de Seguridad Nacional y otros expertos, le contaron al Union-Tribune que, en caso de seguridad nacional, la información de inteligencia recabada de los viajeros no sale del ámbito de la agencia.
“No creo que sea sorprendente ni objetable que se recabe información” le comenta al U-T Alan Bersin, quien fue comisionado de la CBP durante el mandato del presidente Barack Obama.
Derechos de quienes cruzan la frontera
Los derechos de los viajeros que cruzan la frontera varían de acuerdo a la situación y también difieren entre los que son ciudadanos de los Estados Unidos, los residentes permanentes o quienes tienen una visa.
Un ciudadano estadounidense que se presenta ante un oficial con un pasaporte válido debe ser admito al país. No necesitan responder a las preguntas del oficial, aunque el negarse, especialmente sobre la naturaleza y el propósito del viaje, puede resultar en una inspección posterior. Los ciudadanos estadounidenses no pueden evitar que el oficial CBP revise su vehículo o equipaje en ningún puerto de entrada al país.
“En el caso de los ciudadanos estadounidenses, una vez que se ha establecido la nacionalidad, la CBP tiene que admitirlos en el territorio de Estados Unidos” explica Mitra Ebadolahi, abogada perteneciente al equipo de Proyecto de Derechos de Fronteras del ACLU. “En caso de que esto no suceda, se considera un abuso de autoridad. Estamos viendo un aumento en las denuncias de este hecho, lo cual es alarmante.”
Los residentes permanentes legales o los ciudadanos extranjeros con visas se encuentran en una situación más compleja. A los ciudadanos extranjeros con visa se les puede negar el ingreso en caso de no querer contestar las preguntas de los oficiales.
“Las personas siempre tienen el derecho a permanecer calladas, pero obviamente el no responder a las preguntas, en especial para determinar la ciudadanía, puede llevar a negarles el ingreso al país” comenta Ebadolahi.
En el caso de preguntas que van más allá de lo relacionado con la ciudadanía, el propósito del viaje y sobre lo que se está ingresando al país, los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales, tienen más margen para rehusarse.
Por ejemplo, en el caso de una fotógrafa estadounidense cuyo nombre estaba en la base de datos descubierta por NBC 7, contó a la estación de televisión que le preguntaron qué observó en los albergues de migrantes y si alquilaba o era propietaria de su casa.
Los ciudadanos estadounidenses no tienen que responder preguntas sobre religión o creencias políticas, asociaciones o prácticas, las que se encuentran protegidas por la Primera Enmienda. Los ciudadanos extranjeros con visas legales y los residentes permanentes legales no tienen que responder a preguntas sobre sus creencias religiosas o ideas políticas, pero esto puede llevar a más preguntas o a no ser admitidos en el país, comenta Ebadolahi.
El ACLU recomienda que en caso de que se les haga este tipo de preguntas, soliciten hablar con un supervisor. Hines no cree que las personas deban responder preguntas como éstas debido a que “no se encuentran relacionadas con su derecho a ingresar a los Estados Unidos ni con una actividad criminal.”
CBP les dijo a viajeros de ProPublica que no tienen derecho a un abogado durante las inspecciones primarias o secundarias. Ebadolahi les recomienda a los viajeros tener con ellos el número de teléfono de un abogado y en caso de que se los detenga por un tiempo prolongado, soliciten que se lo contacte.
ACLU les recomienda que los viajeros hablen con un abogado si se encuentran bajo arresto o se hace claro que sospechan que cometieron un crimen antes de contestar mas preguntas.
Las personas que con frecuencia son sacadas de fila para una segunda inspección, pueden contactar al Departmento de Seguridad Nacional, para chequear si tienen información errónea en el sistema de DHS y puede ser corregida. La información errónea en las bases de datos también puede ser removida por medio de una rectificación, si se presenta una demanda, comenta Ebadolahi.
Todavía hay mucho que no está claro
Varios aspectos de la autoridad de la CBP y de los derechos de los viajeros están todavía nebulosos.
Una de las áreas grises de mayor tamaño, es la concerniente a la extensión de la autoridad de la CBP sobre los artefactos electrónicos. Las revisaciones de los artefactos electrónicos aumentaron en 2017.
La ACLU demandó a DHS en nombre de 11 viajeros cuyos artefactos electrónicos fueron sujetos a revisaciones sin órdenes judiciales. La demanda está llegando a la corte. El litigio pretende establecer que el gobierno debe tener una orden judicial antes de realizar dichas revisaciones.
En el 2018, la agencia presentó una nueva política que requiere un mayor nivel de sospecha para avanzar en revisaciones forenses que involucran equipo externo que se conecta al artefacto electrónico para escanear, analizar o descargar datos. También estipula que los oficiales no pueden revisar la información ubicada en lugares remotos, por ejemplo en la nube, pero sí en el mismo artefacto. Pero esta política también reafirma la autoridad de la CBP para realizar otras revisaciones de artefactos electrónicos sin sospecha especifica.
Si un oficial de CBP le pide a un viajero la contraseña de su artefacto electrónico, una vez más, el resultado depende de la situación. A los ciudadanos estadounidenses no se les puede negar el ingreso por negarse a dar la contraseña o por no destrabar artefactos, pero el negarse puede llevar a demoras, más inspecciones o a que los oficiales secuestren el artefacto para más inspecciones. Los residentes legales y los ciudadanos extranjeros con visas pueden ver negado su ingreso al país por no cooperar.
Otra de las áreas grises que todavía se encuentra en la corte, es la relacionada al derecho a sacar fotografías o grabar partes de los puertos de entrada que se encuentran a la vista del público. Nunca se les permite a los viajeros el grabar en áreas privadas como celdas de detención donde se encuentran mientras los están interrogando, pero hay que destacar que la demanda se refiere a las fotografías o grabaciones de las áreas públicas por ejemplo, mientras se espera en la fila para la inspección primaria.