The Morning Report
Get the news and information you need to take on the day.
Read this article in English here.
Durante el año pasado, oficiales inmigratorios federales han acelerado masivamente sus esfuerzos por lograr el cumplimiento de las normas en los lugares de trabajo de todo el país.
Mientras que, algunos aspectos relacionados con la aplicación de las leyes inmigratorias dominan las noticias – arrestos de antiguos miembros de la comunidad en sus hogares, o el envío de tropas a la frontera, la mirada del gobierno sobre las empresas y los trabajadores que emplean, muchas veces no levanta sospechas.
A nivel local, la campaña para investigat los empleadores resaltó a principios de este mes, cuando Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE HSI: Immigration and Customs Enforcement Homeland Security Investigations) llevó a cabo un operativo en el Zion Market, un gran mercado coreano en Kearny Mesa.
Los oficiales de ICE detuvieron a 26 trabajadores indocumentados durante el operativo.
El gerente de Zion le contó a Voice of San Diego que no podía hacer comentarios sobre el operativo, pero le dijo al Union-Tribune, que el día de la redada, detuvieron mayoritariamente a trabajadores asiáticos e hispanos.
“Todo lo que sé es que, hoy temprano arrestaron a 26 de aquí y ahora estamos realmente muy ocupados.” comenta el gerente al U-T. “Arrestaron a nuestros trabajadores”.
El agente especial a cargo de HSI, David Shaw, dijo que tampoco no podía hacer comentarios sobre los detalles del caso de Zion.
El tipo de investigaciones y auditorias que pueden llevar a operaciones como la sucedida en Zion Market, han estado aumentando recientemente.
En el año fiscal de 2018, la HSI abrió 6,848 investigaciones sobre lugares de trabajo. Esto es aproximadamente un aumento del 305 por ciento con respecto al año anterior, donde se habían abierto 1,691 investigaciones. Auditorías de I-9 (donde el gobierno controla que los empleados tengan los papeles necesarios que les permitan trabajar), también han ido en aumento. En el 2018 el gobierno realizó 5,981 auditorías, contra 1,360 del año anterior. A nivel nacional, la agencia realizó 779 arrestos criminales y 1,525 arrestos administrativos relacionados con el lugar de trabajo durante el año fiscal 2018, comparados a 139 y 172 en el año anterior. Los arrestos administrativos son para violaciones de inmigración no criminales.
A pesar del repunte en aplicación de la ley, los procesamientos y las condenas criminales se han mantenido estables. En el año fiscal de 2018, hubo 72 gerentes de empresas procesados por métodos de contratación, a comparación de 71 en el año anterior, y 49 gerentes condenados en el 2018 contra 55 en el año fiscal 2017.
De acuerdo a un comunicado de la agencia, “se espera que estos números aumenten debido a las muchas investigaciones en curso, las cuales pueden llevar meses o años en ser completadas propiamente.”
En San Diego, los agentes HSI abrieron 302 investigaciones sobre lugares de trabajo e iniciaron 282 auditorías durante el año fiscal 2018. Según un comunicado de prensa ,esperan iniciar otras 265 auditorías de lugares de trabajo durante el año fiscal 2019 dentro de la región de San Diego. La oficina local de San Diego no brindó los números del 2017.
La manera primaria de aplicación de las normas sobre un lugar de trabajo sucede por medio de algo llamado Formulario I-9.
Todos los empleadores de los Estados Unidos deben tener los Formularios I-9 de sus empleados. Contienen información básica como nombre, fecha de nacimiento, información de contacto, pero también información sobre la nacionalidad del empleado y su permiso de trabajo en los Estados Unidos.
Cada año, HSI lleva a cabo al azar auditorias de I-9 en compañías para controlar su cumplimiento.
Las auditorias pueden iniciar investigaciones criminales cuando parece haber un problema más serio con un empleador, como también avisos a la agencia sobre potenciales empleadores problemáticos.
“Realmente el objetivo nuestro es el de encontrar a los empleadores que se están aprovechando del sistema,” comenta Shaw.
Las auditorias administrativas, en muchos casos terminan en multas, comenta Kimberley Robidoux, una abogada que muchas veces trabaja con compañías con problemas de I-9. Estas multas pueden ir desde $110 a casi $2,000 por empleado. Algunas veces los errores son simplemente resultado de una falla técnica o de un error de papeleo. Otras veces, el permiso de trabajo de un empleado es cuestionado, lo que inicia una “Notice of Suspect Documents” (Nota sobre documentos sospechosos) del ICE, que requiere que el empleador encuentre al trabajador en cuestión para que ella o él presenten pruebas del permiso de trabajo dentro del país.
“Muchas veces las personas, cuando no cuentan con el permiso de trabajo, simplemente no vuelven a trabajar, otras veces las personas tienen la autorización para trabajar, pero no estaba actualizada la información en la base de datos, como en el caso de naturalizarse,” explica Robidoux.
En el año fiscal 2018, ICE HSI inició 5,981 auditorías de I-9 en toda la nación, en comparación a las 1,360 hechas el año anterior.
Para que las cosas pasen a nivel criminal, comenta Shaw, la agencia muchas veces busca a empleadores que están evadiendo la justicia de manera generalizada y a conciencia.
“El tema es poder probar el conocimiento del empleador,” dice Shaw. “Si se puede probar que el empleador tenía conocimiento de lo que hacía, esto ya pasa a otro nivel. El objetivo es parar la explotación.”
El operativo de Zion Market no fue especialmente grande. En junio del 2018 en Ohio, los agentes federales detuvieron a 146 personas en una planta procesadora de carnes. En agosto del mismo año, los agentes de inmigraciones arrestaron en Texas a 159 personas dentro de una planta de manufactura de remolques.
Pero Robidoux dice que es probable que haya sido uno de los mayores operativos en la historia de los últimos años en el área de San Diego.
En el 2008, se realizó un operativo de alto perfil sobre un lugar de trabajo, en el French Gourmet en Pacific Beach, que resultó en el arresto de 18 empleados. El dueño y chef pastelero se declaró culpable de falta menor y de delito, respectivamente y tuvo que pagar casi $400,000 al gobierno, según consta en el Union-Tribune.
En uno de los más grandes casos locales, el fundador y el vice presidente de Golden State Fence Company, fueron sentenciados en el 2007 a un periodo probatorio y a grandes multas por haber, a sabiendas, contratado inmigrantes que no tenían permisos de trabajo en los Estados Unidos. La compañía tuvo que entregar al gobierno de los Estados Unidos $4,7 millones, un total que representaba “el monto de ganancia que el gobierno cree que la compañía obtuvo al utilizar trabajadores indocumentados” informó en ese momento el Union-Tribune.
En 1997, la compañía había sido contratada por el gobierno para realizar trabajos en la cerca de la frontera con México.
En el 2005, durante una de las inspecciones de los lugares de trabajo conducida por agentes federales durante ese caso, se arrestaron 16 empleadores, informó U-T.