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El 3 de julio de 2018, Joel Hernández-Centeno salió de su apartamento de Escondido rumbo a su trabajo, a la misma hora de siempre, alrededor de las 7:30 a.m.
Un automóvil le hizo luces y él detuvo su vehículo. Sacó el registro de su vehículo y su licencia de conductor que había obtenido unos años antes bajo la California AB 60, una ley que permite a los inmigrantes no autorizados a obtener sus licencias de conducir.
“No tenía miedo de nada porque no había hecho nada malo” comenta Hernández-Centeno. “No tenía multas, no estaba en un auto robado”.
Luego, los oficiales de policía se identificaron como parte de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Hernández-Centeno les dijo que tenían una hoja con información y una foto de él. La foto era una idéntica a la que le sacaron en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) cuando sacó su licencia.
De acuerdo al informe de arresto de Hernández-Centeno, ICE lo había estado tratando de ubicar desde hacía tiempo. No tenía antecedentes criminales. El informe cita dos regresos voluntarios en el 2005 y 2013. Los regresos voluntarios son diferentes que las deportaciones, en cuanto a que tienden a suceder cerca de la frontera con mexicanos y no resultan en consecuencias formales como la prohibición de re ingresar al país de manera legal.
Hernández-Centeno dijo que vino a los Estados Unidos cuando tenía 12 años, fue a la escuela media y secundaria en Escondido y ha estado trabajando en la ciudad desde entonces. Está casado con una residente permanente legal y tiene cuatro hijos estadounidenses.
En noviembre de 2017, ICE emitió una orden para su arresto, pero de acuerdo al informe, las agencias hicieron varios intentos fallidos por encontrarlo. La pista, en el informe, fue un vehículo registrado a su nombre con la dirección correspondiente.
La dirección era vieja, era la de donde vivía cuando sacó la licencia.
Luego de varios intentos fallidos de ubicar el vehículo en esa dirección “con sistemas adicionales a los que ICE tiene acceso” los oficiales pudieron encontrar su automóvil en otra dirección de Escondido, según el informe del arresto.
El día que lo arrestaron, los agentes notaron un carro distinto estacionado afuera de su edificio, pero veían el carro de Hernandez-Centeno estacionado en otro lugar cerca. Los agentes se fueron y regresaron más tarde. Allí fue cuando se dieron cuenta que el otro carro estuvo parado en un semáforo.
Los agentes siguieron al vehículo y lo hicieron detener.
Hernández Centeno no es el único. Él y otros creen que ICE los arrestó con la ayuda de la base de datos del DMV que hizo más sencillo encontrarlos. Estos arrestos sacan a la luz una antigua preocupación por parte de los defensores de los inmigrantes, donde las leyes cuya finalidad es la de sacar de las sombras a los inmigrantes no autorizados en California, los terminan dejando expuestos a la policía federal de inmigración debido al amplio intercambio de información entre las policías.
El 26 de junio de 2018, Miguel Soto y su hermano fueron detenidos por la policía de inmigraciones en Escondido, camino a sus trabajos. Un par de años antes, Soto había ido a la DMV para obtener su licencia, donde le tomaron una fotografía, pero al no pasar el examen escrito no obtuvo la licencia, aunque aparentemente la información quedó archivada en el DMV.
Cuando detuvieron a Soto, él notó que la policía de inmigraciones tenía su fotografía.
“Era raro” comenta Soto.
“La pista fue descubierta mientras realizaban controles de inmigración en el sistema de DHS/ICE y en las bases de datos de DHS/ICE” dice el informe del arresto de Soto.
De acuerdo al informe, en la mañana en que se arrestó a Soto, los agentes observaron dos adultos masculinos hispanos, uno concordando en altura, peso y la más reciente fotografía de DHS/ICE de SOTO” dejando el departamento de Soto para subirse a un automóvil.
“Este vehículo está registrado a nombre de SOTO Medina, Miguel, el objetivo de ICE” se lee en el informe.
Según el informe del arresto, Soto no tiene antecedentes penales, pero si dos regresos voluntarios.
Unos días antes, el 22 de junio en San Marcos, los agentes de ICE arrestaron a Missael Estévez. Según el informe del arresto de Estévez, los agentes identificaron la dirección de su casa al encontrar su vehículo estacionado en la puerta.
Según el informe de arresto, Estévez no tiene antecedentes policiales pero dos regresos voluntarios a México en el 2003 y 2008.
La Red Rápida de Respuesta de San Diego opera una línea telefónica de emergencia donde las personas pueden llamar luego de interactuar con la policía de inmigraciones. Ellos comentaron que alrededor de marzo 2018, cuando ICE llevó a cabo una operación grande en el condado de San Diego, recibieron al menos cinco llamadas donde parecía que información del DMV fue fuente para encontrar a los individuos buscados por ICE.
El año pasado NBC 7 descubrió otro caso donde un hombre fue arrestado por agentes del ICE quienes tenían una copia de su licencia.
La base de datos del DMV ha sido de especial preocupación desde que la ley AB 60 fue aprobada en 2013, la que incluye la información sobre inmigrantes no autorizados que solicitan estas licencias, inclusive quienes no tienen antecedentes penales en los Estados Unidos.
Los oficiales del DMV dicen que la agencia no mantiene una base de datos separada para los solicitantes bajo la ley AB 60, tampoco mantiene imágenes digitales de copias físicas de las licencias o tarjetas de identificación. Sus registros no identifican si alguien solicita a una licencia bajo AB 60, ni la policía tiene permiso para llevar a cabo una búsqueda general de individuos de acuerdo al tipo de licencias, como quienes tienen una licencia AB 60.
Pero los oficiales del DMV explican que hay tres maneras que tiene la policía, incluyendo la ICE, para acceder a “cierta información de los registros de las licencias de conducir o tarjetas de identificación”. Pueden solicitarla directamente al DMV a través de una cuenta de solicitud, o pueden acceder a la información a través de los programas Cal-Photo y el Sistema de Telecomunicaciones de la Policía Californiana (CLETS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia, cuales tienen interfase con la base de datos de DMV.
CLETS es un sistema que une distintas bases de datos, inclusive el DMV y Cal-Photo, una base de datos que contiene las fotos de las licencias de conducir.
Los oficiales del DMV comentan que los documentos utilizados para solicitar una licencia, para establecer su identidad, nombre real completo, residencia en California o presencia legal “solo están a disposición de la policía en respuesta a una citación criminal, una orden judicial o una certificación de la policía que atestigüe la necesidad de la documentación por causas urgentes de salud o seguridad”. Pero al usar estos tres métodos, la policía puede acceder a información como el nombre de una persona, fecha de nacimiento, residencia y/o dirección de correo electrónico, fotos, antecedentes penales, accidentes y cualquier acción realizada por el DMV.
“Los agentes ICE no tienen acceso directo a las bases de datos del DMV de California y no tienen la capacidad de solo buscar a quienes solicitan o tienen licencias AB 60” explica en un correo electrónico la vocera de ICE, Lauren Mack.
Pero ella también explicó que no puede responder preguntas sobre cómo ICE usa CLETS o la base de datos del DMV para buscar información sobre un individuo, del que ya tienen un nombre u otra información. Mack remitió las preguntas al DMV y dijo que la información relacionada con ICE y cómo conduce una búsqueda e investigación es sensible.
En diciembre de 2018, la ACLU de California del Norte y el National Immigration Law Center (Centro Nacional de Leyes Sobre Inmigración) publicaron un informe detallado sobre cómo los registros del DMV son compartidos con las agencias federales de inmigración.
Al solicitar acceso a CLETS y a la información de DMV, las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) incluyendo a ICE y Aduanas y Protección Fronteriza, atestiguaron que su propósito al usar la base de datos es la realizar investigaciones criminales. Una vez que las agencias logran el acceso, no tienen que explicar cada una de las investigaciones.
El informe encontró que el DMV y California DOJ (Departamento de Justicia de California) no mantenían copias de las solicitudes individuales solicitadas por DHS de la información del DMV y que “no llevan a cabo auditorias significativas sobre cómo las agencias DHS justifican su necesidad y el posterior uso de la información”
Vasudha Talla, una abogada especializada en tecnología y derechos civiles de ACLU de California del Norte, dijo que ICE puede estar usando las bases de datos para encontrar direcciones, registros sobre conductores, registros sobre vehículos y otra información sobre las personas a las que están buscando.
“Estamos muy preocupados sobre el uso de las bases de datos locales y estatales para facilitar al ICE el encontrar, arrestar y deportar a personas” comenta Talla. “El dato recabado por las localidades por una necesidad especifica no deberían ser compartidos con el ICE y usados para otro fin”.
Según el informe, casi 40 agencias del DHS hoy en día tienen acceso a los registros de DMV de California. La mayoría son oficinas de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, pero también incluyen a ICE Operaciones de Detención y Deportación, quienes manejan la policía de inmigración en el interior del país.
Aunque no está claro cuántos arrestos inmigratorios se lograron por medio del acceso a la información de las bases de datos de DMV o CLETS, si tenemos una idea de cuan seguido DHS consulta los sistemas.
El informe de la ACLU y NILC explica que, entre 1° de enero 2017 y 10 de abril de 2018, las agencias DHS hicieron 594 consultas a la base de datos de licencias de conducir del DMV y 1.085 consultas a la base de datos de registros de vehículos de DMV por teléfono.
En una declaración presentada en una demanda legal del gobierno federal contra el estado sobre SB 54 – una ley de 2014 que limita la participación policial en actividades de aplicación de la ley inmigratoria – el jefe de los Servicios de Información de la Justicia, Joe Dominic, arrojó luz sobre el uso de DHS de CLETS. Dominic dijo que entre el 1° de octubre 2017 y 31 de diciembre de 2017, las agencias de manera colectiva realizaron 69.189 consultas en CLETS. Entre 1° de enero 2018 y 31 de marzo 2018, las agencias DHS de manera colectiva realizaron 89.223 consultas en el sistema.
“SB 54 no ha cambiado el acceso de ICE o CBP a las bases de datos disponibles en CLETS” según dichos de Dominic de acuerdo a documentos de la corte. “Las bases de datos que están disponibles por medio de CLETS, se mantienen para propósitos de justicia criminal solamente y no para propósitos de aplicación de leyes inmigratorias”.
En general, no hay una supervisión sobre quien usa CLETS, el cual ha estado presente por décadas, comenta Dave Maass, un investigador de Electronic Frontier Foundation (EFF), organización digital privada.
EFF ha encontrado uso desenfrenado del sistema CLETS, inclusive accediendo a datos confidenciales sobre disputas domesticas e investigación de fechas en línea. Hubo un caso donde un oficial supuestamente planeó entregar información sensible sobre testigos a un miembro de la familia de un asesino convicto.
“Desde nuestro punto de vista, el que ICE use este sistema para investigar a personas con fines de deportación es cuestionable y se debería investigar su uso”, comenta Maass.
“CLETS puede ser usado por todas las agencias policiales para investigaciones criminales” Está escrito en un descargo del Departamento de Justicia de California. La agencia refirió las demás preguntas al DMV.
Versiones anteriores de SB 54 – o la Acta de Valores de California – incluían importantes medidas de seguridad para los datos privados, pero fueron removidos en la presentación final.
Luego de que Voice of San Diego le comentara a la asambleísta Lorena González sobre los casos de Hernández-Centeno, Soto y Estévez, González solicitó una investigación con respecto al DMV compartiendo la información con las agencias federales. La agencia le contestó a González y explicó qué tipo de información debería ser protegida y cómo la policía federal, con la DHS, tiene acceso a la información por medio de las cuentas de solicitud de acceso de información del gobierno, CLETS y Cal-Photo.
“Ya he comprometido a la oficina del gobernador y a la oficina del fiscal general” comenta González. “Vamos a seguir trabajando en esto”.