Keashonna Christopher, consejero de la escuela primaria Porter, presenta la misión de la escuela para cada alumno. / Foto de Adriana Heldiz 

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El hijo de Monique Hayes asiste a cuarto grado ya no quiere ir más a la escuela. Todo comenzó este año cuando la familia fue trasladada a la primaria Porter, recientemente evaluada como una de las escuelas de menor rendimiento del estado, desencadenando una catarata de problemas para la familia Hayes. 

Durante semanas, su hijo tuvo encontronazos con un niño en particular, que era mucho más grande de tamaño, pero ella se enteró de este conflicto luego de que su hijo fuera pateado en la cabeza y enviado a la enfermería de la escuela, comenta la madre. 

“Mis hijos no se sienten seguro en la escuela” dice Hayes, quien tiene tres hijos en la institución. “Las personas allí no los están cuidando, les digo que es así, yo camino alrededor de la escuela y nunca en mi vida escuché a tantos niños diciendo malas palabras”. 

Hayes comenta que ha detenido personalmente tres peleas en el campo de deportes, pero sus problemas van más allá de la seguridad escolar. 

Cuando pidió que, a pedido del docente de su hijo menor, le hicieran a una evaluación por si tenía problemas de lectura, los administradores de la escuela trataron de demorar y negarle esas evaluaciones que lo hubiesen ayudado a recibir los servicios que necesitaba, comenta la madre. 

Los problemas de Porter no solo afectan a los Hayes. 

El ambiente escolar es inseguro y poco acogedor, comentan Hayes, otros padres y la consejera de la escuela. Los padres, muchos de los cuales viven en la pobreza, deben luchar incansablemente para acceder a los servicios sociales que les corresponden por ley, o los que la escuela debería ofrecerles de manera gratuita. El NAACP local ha presentado una denuncia contra la escuela, solicitando a los administradores que mejoren la seguridad y el departamento de educación especial. 

Porter es una de las nueve tradicionales escuelas públicas del San Diego Unified School District en ser parte de las escuelas de menor rendimiento del estado, no solo por los resultados de sus evaluaciones, aunque la escuela recibió la calificación más baja del estado tanto en lectura como en matemáticas. Porter también lucha por mantener a sus alumnos en la escuela. El año pasado el 22.5 por ciento de los estudiantes estuvieron crónicamente ausentes, más del doble del promedio para las escuelas K-8. Casi el 10 por ciento de los estudiantes negros fueron suspendidos al menos en una ocasión. 

Si existe un plan para mejorar a Porter, los padres todavía no se han enteraron de lo que es. En una era donde existe una mayor responsabilidad de las escuelas subvencionadas, inclusive de universidades estatales de la comunidad, los distritos y los líderes estatales no han tenido mucho debate público sobre planes para solucionar el problema de los rendimientos en las escuelas tradicionales de menor rendimiento del estado. Lo que en ocasiones anteriores les permitió a los padres optar por abandonar estas escuelas o inclusive reconstituirlas como subvencionadas, se ha desmoronado. Detrás de escena, los funcionarios dicen que los planes están en marcha para ayudar a escuelas como Porter, pero muchos en Porter sienten que estos planes van a llegar muy tarde o ser demasiado modestos para lograr hacer la diferencia en sus niños. 

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 Porter se encuentra en Lincoln Park, dividida en dos campuses, con una distancia de dos canchas de fútbol entre ellas. Cada mañana, Hayes lleva a su hijo mayor, quien recibe servicios educativos especiales, al campus Norte, luego deja a su hijo menor y a su hija en el campus Sur. 

Pero desde que su hijo mayor se volvió más reacio a ir a la escuela, Hayes ahora tiene problemas para lograr que todos lleguen a tiempo a sus campuses, y según ella esta es la razón que los funcionarios usan para demorar la educación especial. 

Cuando la maestra de su hijo menor le preguntó ha Hayes si ella estaba dispuesta a permitir que se evaluara a su hijo para recibir servicios especiales en lectura, ella aceptó. Hayes fue a una reunión con personal de la escuela esperando salir con un plan de evaluación para su hijo. En vez de esto, los funcionarios evadieron el conflicto sugiriendo que su hijo podría estar teniendo problemas porque llegaba tarde con frecuencia y también faltaba mucho. 

La maestra del niño, comenta Hayes, le dijo a los administradores que este no era el caso, pero a pesar de eso le dijeron que querían verlo llegar a tiempo y que luego revisarían el caso en los próximos 30 o 60 días. 

El código educacional estatal indica que cualquier padre que solicite una evaluación para la educación especial, debe recibir un plan de pruebas dentro de los 15 días de solicitado. En el caso de Hayes y en el de muchos otros padres de Porter, esto no ocurrió, comenta la consejera escolar Keashonna Christopher, quien confirma la historia de Hayes. 

“Este es una situación común para los padres de Porter, los intimidan” dijo Christopher. Los administradores “utilizan la asistencia como un arma para recortar la cantidad de estudiantes del proceso IEP y esto es ilegal” (Los estudiantes que reciben los servicios especiales educativos deben tener un IEP o Individualized Education Program programa educativo individualizado-.) “El código educativo no dice que si el estudiante tiene cierta cantidad de llegadas tarde o ausentes no reciben un plan o una evaluación. Esto no es el código educativo” dijo Christopher. 

Debido al impedimento de Porter, les puede llevar más de un año a las familias recibir servicios, en caso de recibir alguno, dice Christopher. Durante ese tiempo, los niños que necesitan servicios especiales se retrasan aún más. Las intervenciones educativas funcionan mejor cuando el niño es más joven. Cuanto más se demoren los servicios, más complejos se vuelven sus problemas. 

Para lograr que evaluaran a su hijo, Hayes tuvo que escribir cartas y hacer llamadas. Luego de mucho insistir apareció un plan, pero ella sabía que muchos, sino la mayoría de los padres, no tendrían la tenacidad para atravesar la estancada burocracia. 

“Muchos se dan por vencidos o se sienten desanimados por el proceso escolar” dice Christopher. 

La directora de la escuela Graciela Chávez, se negó a comentar sobre esta historia. 

Delphine Duckett es abuela de dos alumnos de Porter. Debido a problemas persistentes de conducta de una de sus nietas, Duckett quería una evaluación de salud mental y que los administradores consideraran enviarla a una escuela más especializada, pero los funcionarios escolares le dijeron que ellos consideraban que esas cosas no eran necesarias. 

No se le había informado a Christopher sobre esta reunión y solo se enteró a último momento. A partir de conversaciones con colegas, ella pensó que los administradores estaban tratando de mantenerla fuera de las reuniones porque sabían que ella defendería la postura de Duckett. Al principio ellos trataron de decirle a Duckett y a Christopher que su nieta no necesitaba una evaluación mental, pero Christopher les dijo que tenían la obligación legal de hacerla y cedieron, comentan Duckett y Christopher. 

“Estoy tan agradecida a la Srta. Christopher” dice Duckett. “Ella y yo estábamos pensando de la misma manera, sabíamos que había más por hacer.” 

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Los problemas de Porter se convirtieron en un círculo vicioso. Al sentir a la escuela como un espacio inseguro, los niños no quieren ir. Si los niños no están en las escuelas — o no se sienten cómodos mientras están en ellas — tienen problemas para aprender, las calificaciones bajan. Cuando se les niega a los niños con necesidades especiales los servicios que necesitan, las calificaciones también bajan. Muchos creen que Porter no tiene los recursos que necesita para tener éxito. 

“La mitad de esos maestros, no quiero decir que son mal educados, pero no hablan, no dicen Hola” dijo Hayes. “No sé porque están enojados, pero lo están. Bueno, tal vez sí sé, muchos niños tienen problemas de conducta. Ellos [los maestros] necesitan más ayuda y nadie se las está brindando.” 

“Entiendo a la directora, realmente lo hago” dice Rhonda McCord, quien tiene tres hijos en Porter. Pero McCord también tiene problemas para lograr que los administradores le den respuestas sobre los acosos que sufre su hijo. Durante meses, el acosador intimidaba a su hijo en clase, lo tiraba al piso con fuerza, le daba puñetazos en la barbilla y le pegaba en los genitales, dice Mc Cord. 

Luego de cuatro reuniones, entre noviembre y el corriente mes, los oficiales de la escuela finalmente accedieron a poner en práctica un plan para mantener a los niños separados. 

“Ellos solo siguen diciendo Nosotros también queremos que los maltratos paren. Pero nadie dijo que planeaban hacer al respecto” escribió McCord en un texto. “No hay consecuencias ni orden en la escuela”. 

De los más de 900 alumnos de Porter, muchos tienen experiencia con la pobreza y los traumas. Más del 94 por ciento de los estudiantes califican para comidas gratis o a costo reducido, según el California School Dashboard. Alrededor del 8 por ciento están en situación de calle, más del 56 por ciento de los estudiantes tienen inglés como segunda lengua y necesitan ayuda extra en lenguaje. 

Debido a su población estudiantil, Porter califica para recibir fondos estatales y federales de intervención que se destinan a escuelas con altos índices de pobreza. Porter ha utilizado los fondos para tener materiales escolares, para más asesoramientos y servicios de enfermería y más horas de planeamiento docente, de acuerdo con su Single Plan for Student Achievement (Plan Único de Logro Estudiantil). 

Pero el número de consejeros se ha reducido drásticamente desde el año pasado, dice Christopher. El equipo de consejeros incluye a un consejero de tiempo parcial, un asistente de orientación que también puede ayudar con temas de disciplina y ella misma. Este año, ella ha sido la única orientadora. Los administradores le dijeron que esperaban reemplazar al consejero de tiempo parcial en las 10 últimas semanas del año, pero todavía tienen que hacerlo, dice Christopher. 

Le dijeron a Christopher que el año que viene, probablemente su puesto se convierta en un trabajo de tiempo parcial y que tendrá que dividir su tiempo entre Porter y otra escuela. Christopher planea quedarse a pesar de todo. Ella era alumna de Porter en la época que se llamaba Kennedy Elementary. 

Otros no piensan quedarse. Los tres padres con los que hablé están buscando la manera de irse de Porter y según McCord y Hayes, muchos maestros también. 

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 Luego de la reciente reunión de grupo entre el Lincoln High School y las escuelas que articulan con él, entre las cuales se encuentra Porter, le pregunté a la presidente del consejo escolar de San Diego Unified School District y representante del área, Sharon Whitehurst-Payne, si había algún plan para Porter. 

Ella me dijo que estaba al tanto del listado de las escuelas de bajo rendimiento, entre las cuales también se encuentran otras dos escuelas que articulan con Lincoln, pero que debía hablar con el supervisor del área para averiguar sobre el estado o plan de acción. 

“Tenemos que hacer algo” me dijo enérgicamente mientras salíamos del campus de Lincoln. 

Al día siguiente le envié un correo electrónico para concertar una entrevista más extensa, pero nunca respondió. 

El miembro del Consejo, John Lee Evans, me dijo que para fin de año esperaba tener más información sobre las escuelas de bajo rendimiento, ya que el distrito está reviendo su Plan de Control Local y Responsabilidad. 

“Si una escuela de barrio no está rindiendo, debemos mirar con seriedad a las necesidades de cambio para que ésta mejore” dijo. “Cerrar la escuela no logra esto”. 

Desde el 2013 que el estado de California no publica su listado de escuelas de bajo rendimiento, momento en que se tomaron medidas más serias de responsabilidad institucional bajo la ley federal No Child Left Behind. 

Evans me dijo que ahora estamos mejor, que hoy en día las escuelas no tienen que tener miedo a ser avergonzadas o cerradas o tener a todo su equipo docente reemplazado. Él dice que esas medidas eran muchas veces azarosas y no levaban a logros estudiantiles. 

Mirando al futuro, Evans espera que el distrito ponga atención en las escuelas que han tenido buenos resultados a pesar de tener altos niveles de pobreza y estudiantes sin hogar para buscar en ellas soluciones para otras escuelas, dando como ejemplo a las primarias Fay, Central y Edison. 

Las escuelas como Porter van a calificar para recibir más dinero del gobierno estatal y nacional, para recibir la ayuda que necesitan para mejorar. Steve Green, un director de alto nivel que pertenece al San Diego County Office of Education, me comentó que la oficina del condado va a recibir aproximadamente $700,000 para asistir a las 58 escuelas de bajo rendimiento del condado de San Diego. 

Pero el dinero no se va a destinar de manera directa a reformar la escuela o contratar más personal, comenta Green. En vez de eso, se destinará en su mayoría, a tratar los problemas de raíz que son la causa del bajo rendimiento escolar. 

“Antes nos poníamos en acción sin realmente entender los problemas” comenta Green Para lograr tracción debemos bajar la velocidad del tren y averiguar a quién le sirve el sistema y por qué y a quién no le sirve y por qué”. 

Aunque el viejo sistema de responsabilidad no destinó suficiente tiempo a entender los problemas, había mas maneras de imponer la ley. Antes del 2013, cuando las escuelas aparecían en el listado de menor rendimiento, los padres tenían una gama de opciones. Los distritos escolares tenían que notificar a los padres que su escuela estaba en esta lista y ofrecer transporte a una nueva escuela en caso de que ellos así lo quisieran. En casos extremos, los padres podían inclusive votar por convertir una escuela en subvencionada. 

Mientras estas leyes todavía están en los libros, no son aplicables al nuevo sistema de responsabilidad, llamado California School Dashboard. 

Por el momento, si una escuela está en la lista de las escuelas de bajo rendimiento por un lapso de cuatro años, recién entonces el Superintendent of Public Instruction (Supervisor de Educación Pública) del estado puede intervenir o la escuela tiene que contratar a una empresa privada para realizar auditorías. Más allá de esto, no está claro que cambios debe realizar el distrito. 

“Yo solo sé que tengo que sacar a mi hijo de esta escuela” me dijo Hayes, uno de los padres de la institución. “No sé qué está mal, sé que no tienen el personal suficiente. Algo tiene que cambiar.” 

Will Huntsberry is a senior investigative reporter at Voice of San Diego. He can be reached by email or phone at will@vosd.org or 619-693-6249.

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